El Consejo del Parlamento del Mercosur expresó este lunes su “repudio” por la espionaje de los Estados Unidos a las conversaciones de la Presidenta Dilma Rousseff, considerando esto una clara violación a la soberanía de Brasil. Durante una reunión de la cual faltaron los delegados de Venezuela, miembro del Mercosur junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los miembros del Consejo manifestaron su “enérgico rechazo” a las actividades de espionaje de Estados Unidos en la región.
Los parlamentarios entienden que la lucha internacional contra el terrorismo es válida, pero no puede ser utilizada como pretexto para anular los derechos fundamentales y debilitar el orden democrático, según indicaron los legisladores.
En este sentido, los delegados subrayaron que las actividades de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y otros organismos de ese país “constituyen una clara violación sistemática de los derechos de los ciudadanos comunes, empresas e incluso jefes de Estado”, lo cual va en contra del “orden internacional” y del “respeto mutuo” entre las naciones.
“Estas actividades, llevadas a cabo exclusivamente en interés de Estados Unidos, además de violar los derechos, ofenden la soberanía de los Estados e introducen un clima de tensión y desconfianza en el orden internacional”, agregaron.
En su comunicado, los legisladores del bloque comercial, que no se reunían formalmente desde hace más de un año, expresaron su “completa solidaridad” con la Presidenta Dilma y su apoyo a la decisión de llevar este grave caso ante las Naciones Unidas, además de solicitar que sea discutido en profundidad en la próxima sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur, prevista para mediados de noviembre.
El espionaje estadounidense en Brasil fue denunciado por el periódico O Globo el 6 de julio, señalando que ciudadanos brasileños, personas en tránsito por Brasil y empresas también podrían haber sido espiados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que se ha visto envuelta en polémica tras las revelaciones del ex técnico de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Según la denuncia, la NSA utilizó un programa llamado Fairview en colaboración con una empresa de telecomunicaciones estadounidense, que proporciona datos de redes de comunicación al gobierno del país. Con relaciones comerciales con empresas de varios países, la compañía también ofrece información sobre usuarios de redes de comunicación de otras naciones, ampliando el alcance del espionaje de la inteligencia del gobierno de Estados Unidos.
Según el periódico, una de las estaciones de espionaje utilizadas por agentes de la NSA en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) funcionó en Brasilia, al menos hasta 2002. Otros documentos indican que las oficinas de la Embajada de Brasil en Washington y la misión brasileña en las Naciones Unidas en Nueva York también fueron blanco de la agencia.
Inmediatamente después de la denuncia, la diplomacia brasileña exigió explicaciones del gobierno estadounidense. El Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, afirmó que el país reaccionó con “preocupación” ante el caso. El embajador de Estados Unidos, Thomas Shannon, negó que el gobierno estadounidense recopile datos en territorio brasileño y también afirmó que no hubo cooperación de empresas brasileñas con el servicio secreto estadounidense.
Debido a este caso, el gobierno brasileño ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que investigue si las empresas de telecomunicaciones con sede en el país han violado el secreto de los datos y las comunicaciones telefónicas. La Policía Federal también abrió una investigación para determinar la veracidad de la información del caso.
Tras las revelaciones, la ministra responsable de la articulación política del gobierno, Ideli Salvatti (Relaciones Institucionales), afirmó que pedirá urgencia en la aprobación del marco civil de internet. El proyecto ha estado en el Congreso Nacional desde 2011 y actualmente se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados.
